La Suprema Corte de Justicia de México declaró este jueves constitucional la consulta popular propuesta por el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para decidir si se enjuicia por corrupción a cinco ex presidentes del país.
Durante una sesión virtual por la pandemia de covid-19 y en una ajustada votación, seis magistrados defendieron que preguntar a los ciudadanos sobre este asunto es constitucional, mientras que cinco lo consideraron fuera de la Constitución.
No obstante, los magistrados acordaron revisar la pregunta del referendo que se planteará ante la ciudadanía a fin de evitar que condicione los derechos de los cinco ex presidentes. Contra todo pronóstico, la Suprema Corte avaló así la iniciativa de López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción de los Gobiernos anteriores y propuso que los ciudadanos elijan si el actual Gobierno debe investigar y, en su caso, llevar a juicio a los ex presidentes.
Tras un breve pero acalorado debate, la mayoría de miembros de la Corte desestimó el proyecto propuesto por el magistrado Luis María Aguilar, que consideraba la consulta un "concierto de inconstitucionalidades". Aguilar advertía que "no es posible realizar una consulta popular que condicione la vigencia de los derechos humanos a lo que decida un grupo de la población". Consideraba que al señalar a los ex presidentes se vulnera su presunción de inocencia y subrayaba que la justicia no se puede someter a consulta, dado que las autoridades están "obligadas" a denunciar cualquier delito.
Sin embargo, la mayoría de magistrados optó por tener una visión menos restrictiva del derecho a los ciudadanos a ser consultados. El presidente del tribunal, Arturo Zaldívar, quien votó a favor de la constitucionalidad, dijo que la Suprema Corte tenía "una oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular". Defendió una "democracia más plural e incluyente" y subrayó que el resultado de la consulta no sería vinculante, por lo que la justicia no quedaría "a merced de la opinión pública".
Antes de la cesión, el Presidente López Obrador pidió en conferencia de prensa a la Suprema Corte que no negara "al pueblo su derecho de participación" y exigió "que se haga valer a plenitud la democracia en el país".
La pregunta planteada para la consulta popular será: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".
Aunque el actual presidente es el principal promotor de esta consulta -que se celebraría en 2021- apoyada por unos dos millones de firmas ciudadanas, López Obrador dijo que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la "venganza".