Este viernes se conoció que el ex legislador, Guillermo Kraisman, imputado por presunta defraudación a la administración pública en el marco de la causa de la "empleada fantasma" de la Legislatura de Córdoba, solicitó acceder a un juicio abreviado y ofreció pagar 1,5 millones de pesos como reparación económica al Estado.
La propuesta fue presentada ante el fiscal del fuero Anticorrupción, Franco Mondino, quien ahora deberá evaluar si acepta el acuerdo. En caso de avanzar, el histórico referente del PJ cordobés podría beneficiarse con el cierre anticipado de la causa.
Kraisman también solicitó que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. El planteo será analizado por el juez de Control Penal Económico, Gustavo Hidalgo.
La investigación judicial se originó en enero pasado, tras la detención en flagrancia del exlegislador cuando intentaba retirar $950.000 de una cuenta sueldo a nombre de Virginia Martínez en una sucursal del Banco de Córdoba, ubicada en barrio General Paz. Kraisman se presentó junto a Luciana Castro, una funcionaria que fue posteriormente desplazada de su cargo.
Según la acusación, Martínez figuraba como empleada de la Legislatura pero no desempeñaba funciones reales. El operativo se activó cuando la cajera del banco detectó que los documentos presentados no correspondían a los titulares de la cuenta.
En paralelo, la propia Martínez, apodada desde entonces como la “empleada fantasma”, se presentó ante la Justicia para radicar una denuncia. El caso está siendo seguido de cerca por el fuero Anticorrupción y podría resolverse por la vía del juicio abreviado, una alternativa legal que permite una condena pactada entre las partes y acorta el proceso judicial.