A través de su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno confirmó (una vez más) este viernes que trabaja para llevar a cabo una profunda reforma laboral luego de las elecciones legislativas de octubre, confiado en que podrá mejorar su representación en el Congreso, como si la actual minoría que ostenta le hubiera impedido hacer los cambios estructurales que ya logró implementar gracias a la invalorable colaboración de la “oposición dialoguista”.

Según especificó Francos, el objetivo será “generar más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado y facilitar la contratación de empleados independientes”.

De allí a dictar leyes que profundicen la actual “flexibilidad laboral” hay sólo un paso.

De hecho, el lunes pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió un proceso de consulta pública para definir el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs).

¿Y qué son los PICS? Ni más ni menos que un instrumento financiero que reemplazará a lo que hoy conocemos como “indemnización”. ¿Cómo funcionarán? Será un fondo (vaquita) sustentado con aportes del empleado o del empleador y el empleado, y que estarán destinados para cubrir situaciones de finalización del vínculo laboral, independientemente de la causa.

Esta nueva modalidad se da en el marco del decreto 847/2024 que reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases (que el Gobierno aprobó con minoría absoluta en el Congreso), a la que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger calificó como “el cambio más importante en las relaciones laborales en años”.

Chau indemnización

La inminente llegada de los PICS (Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral) es apenas un ápice de lo que sería la nueva reforma laboral, que debería buscarle soluciones a la problemática de un país en el que el empleo formal está estancado desde 2011.

Un reciente informe elaborado por Laura Caullo, Investigadora responsable del Área de Empleo y Política Social del Ieral da cuenta de que en Argentina “la informalidad se afianza en el mercado laboral, especialmente entre jóvenes y cuentapropistas”.

Y los datos que muestra son elocuentes: El 42% de los trabajadores está en la informalidad, mientras que el 63% de los informales son asalariados sin registrar y el resto, cuentapropistas precarios.

Los datos, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, muestran que seis de cada diez trabajadores están en la informalidad y no tienen derechos laborales ni seguridad social.

Además, en los últimos 14 años el empleo registrado está estancado.

“Entre 2014 y 2024 el empleo total creció un 20%, incorporando 3,6 millones de trabajadores. Sin embargo, el empleo asalariado privado registrado se mantuvo estancado en 6,2 millones de puestos, por lo que el crecimiento estuvo impulsado por un aumento del 40% de los monotributistas, una modalidad que, si bien ofrece formalización fiscal, funciona como vínculo laboral encubierto”, sostiene Laura Caullo en su informe para el Ieral.

Para peor, con el actual Gobierno los inscriptos en el monotributo social cayeron un 60% debido a la reconversión del Potenciar Trabajo, por lo que muchos beneficiarios volvieron a la informalidad. Todos estos datos contribuyen a la persistente informalidad, limitan el acceso a derechos laborales básicos y debilitan el financiamiento del sistema de seguridad social.

Mitad de tabla

Sindicatos de Tierra del Fuego anunciaron para el este miércoles 21 un paro total de actividades en respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir y eliminar aranceles a la importación de productos electrónicos, medida que consideran una amenaza directa a la industria local y al empleo en la provincia más austral del país.

El conflicto suscitado la semana que pasó no hizo más que poner de manifiesto un problema ya existente en la realidad laboral de la Argentina: La informalidad presenta enormes brechas entre provincias.

Tierra del Fuego es la provincia que menor tasa de informalidad tiene sobre el total de ocupados, algo que podría variar a partir de la decisión tomada por el Gobierno.

Córdoba, en tanto, está en mitad de esa “tabla imaginaria” con un 47% de informalidad sobe el total de ocupados, cinco puntos por encima de la media del país (42%) y algunos escalones peor que las demás provincias grandes del país, como Buenos Aires (43%) y Santa Fe (36%).

“Estas diferencias territoriales refuerzan la necesidad de evitar un enfoque uniforme en cualquier propuesta de reforma laboral. Es indispensable reconocer las realidades locales, donde los niveles salariales, las estructuras productivas y las condiciones de empleo varían enormemente. Pensar en un mercado laboral más inclusivo y dinámico requiere políticas que tengan en cuenta esta diversidad”, afirma Laura Caullo.

En definitiva, el Gobierno buscará (este año o el próximo) profundizar la reforma laboral y habrá que esperar para saber si finalmente eso se traduce en un crecimiento del empleo formal y si redunda en mejores condiciones y mayor protección para cada trabajador.

Hasta acá los indicios muestran otra realidad.